Un estudio realizado en 192 hogares de San José de Chiquitos entre 2019 y 2021 reveló datos alarmantes sobre la seguridad alimentaria en comunidades indígenas chiquitanas e interculturales. Esta investigación, desarrollada como parte de la tesis doctoral de la docente investigadora MCs. Zorel Gómez Vargas, miembro del Grupo de Investigación en Seguridad Alimentaria y Sistemas Alimentarios (GIS2A2) del CITPE, destaca los impactos de factores económicos, sociales y climáticos en esta población
Entre las principales amenazas identificadas se encuentran heladas, incendios forestales, sequías, avasallamientos, deforestación y la pandemia de COVID-19, junto con el incremento de los precios de los alimentos y desequilibrios económicos. Estos factores profundizan las desigualdades en el acceso y uso adecuado de los alimentos.
Utilizando indicadores como la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y un enfoque participativo, el estudio concluyó que:
- El 68.3% de las familias indígenas chiquitanas enfrentan inseguridad alimentaria moderada y/o severa.
- El 59,4% de las familias interculturales enfrentan inseguridad alimentaria moderada y/o severa.
La dieta de estas comunidades se basa principalmente en cereales, grasas y azúcares, mientras que el consumo de alimentos nutritivos como leguminosas, lácteos y frutas es limitado. Este patrón alimentario agrava problemas de salud como diabetes e hipertensión, estrechamente relacionados con la seguridad alimentaria.
El trabajo enfatiza la necesidad de comprender la seguridad alimentaria como un concepto multifacético que trasciende la mera disponibilidad y accesibilidad económica de los alimentos. Involucra factores culturales, sociales, nutricionales y ambientales, los cuales deben ser considerados en cada intervención. Por tanto, es imprescindible diseñar e implementar proyectos integrales que combinen enfoques teóricos y prácticos, incluyendo evaluaciones cuantitativas ex post facto en las comunidades intervenidas.
Ante la crisis económica, ambiental y alimentaria que enfrenta nuestro país, las comunidades rurales, cuya agricultura es principalmente de subsistencia, se encuentran particularmente vulnerables.
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